En un contexto represivo, decenas de manifestantes detenidos y diputados nacionales gaseados, Milei consiguió aprobar su primera Ley en el Congreso.

Se aproximaba la medianoche del 12 de junio cuando Victoria Villarruel, vicepresidenta argentina y proclamada defensora de genocidas, daba lugar a la votación nominal para aprobar o desaprobar el proyecto de institucionalización de la reformas neoliberales del modelo ultraderechista del presidente Javier Milei, la “Ley Bases”,.

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La votación resultó en un empate. La oposición liderada por Unión por la Patria manifestó su rechazó con 33 de los 72 senadores. Se sumó el radical Martín Lousteau y dos senadores provinciales. Los 36 que apoyaron la propuesta se habían conseguido con alianzas, negociaciones y hasta la oferta de un cargo como representante ante la Unesco a la senadora Lucía Crexell, quien fue denunciada por cohecho por esa situación.

«Es como si se hubiera normalizado que las extorsiones que han recibido muchos senadores fueran normales. No es normal», dijo la senadora Juliana Di Tullio durante su intervención, haciendo referencia al cambio de voto que realizó Crexell. 

La decisión final entonces quedó en manos de la vicepresidenta, con potestad constitucional para dirimir este tipo de cuestiones, y definió de manera favorable. La iniciativa fue aprobada en general. Luego pasó a discutirse el articulado, donde fueron quitado varios puntos como parte de las concesiones del Ejecutivo. 

«Tampoco es normal lo que sucedió en la calle. Mi solidaridad con los diputados que fueron reprimidos abiertamente por la policía», subrayó Di Tullio, quien señaló además que una senadora, Natalia Gadano, sufrió una intimidación a su familia. «Sentimos que no es que nos están pidiendo herramientas. Nos están extorsionando para que le votemos herramientas a un presidente que quiere destruir el Estado», concluyó.

Rechazo

El oficialismo festejó “la aprobación histórica” de la Ley y justificó la represión que dejó heridos y decenas de detenidos. Ancianos y niños recibieron gas pimienta, lacrimógenas y gas mostaza. También fueron utilizados camiones hidrantes y balas de goma.

El Gobierno justificó su decisión en base a un supuesto intento de golpe de Estado de grupos terroristas y el primer mandatario felicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su labor.

En realidad, imágenes del lugar muestran lo que sería la infiltración de sujetos encapuchados que luego fueron recibidos de buena manera en las filas policiales luego de voltear un automóvil y prenderlo fuego. No es la primera vez que la actual ministra de Seguridad acude a estos métodos. 

Pero en la realidad, las calles fueron el lugar donde decenas de miles de personas se manifestaron pacíficamente en contra de la ley que señalaban como una manera de “vender la patria”. Y tras la aprobación de la norma, en todo el país se escucharon ollas y cacerolas sonando y se realizaron convocatorias espontáneas en varios puntos en repudio del modelo libertario.

Lo que se aprobó

La Ley declara emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y económica. En concreto, estas emergencias habilitan al Ejecutivo a tomar atribuciones que regularmente son del ámbito del Congreso en los ámbitos antes mencionados.

Autoriza la privatización de la energética estatal Enarsa y permite concesionar la operadora de agua de la ciudad de Buenos Aires y varios de los principales operadores ferroviarios del país. En tanto, también se estipulaba la eliminación de entidades dependientes del Estado, pero esto fue modificado y entidades como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) seguirán funcionando.

A su vez, la ley avanza en la entrega de recursos naturales a multinacionales extranjeras mediante el  Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que otorga concesiones impositivas y de soberanía con el pretexto de favorecer las inversiones. 

La propuesta legislativa introduce reformas que flexibilizan los derechos laborales y, mediante una segunda ley, que fue votada en la jornada del jueves, se introdujo un paquete fiscal por el cual se suman una serie de impuestos. También se favorece el blanqueo de capitales.

Todavía no es ley

Si bien el oficialismo celebró con “bombos y platillos” la aprobación de la ley en general, para conseguirlo tuvo que hacer múltiples concesiones que había manifestado no estar dispuesto a negociar. El proyecto original presentado a fines del año pasado contaba con 664 artículos y, tras una serie de idas y vueltas, el Ejecutivo decidió retirar el pliego y que vuelva a la instancia anterior.

Meses después volvió en una versión reducida de poco más de 200 artículos y, luego de múltiples modificaciones, fue aprobada por la Cámara Baja. A su vez, en su debate en el Senado, numerosos puntos del proyecto fueron corregidos o directamente eliminados.

Por ejemplo, de las 40 empresas que el Gobierno pretendía privatizar, con los sucesivos cambios sólo podrá hacerlo en un caso, en otros siete podrá permitir participación privada y en las restantes su venta deberá ser enviada al parlamento. Otro de los aspectos donde la ley se vio reducida fueron las áreas en las que se declaró la emergencia; originalmente Milei requirió que abarque 11 áreas y sólo fueron otorgadas cuatro.

En tanto, el proyecto de ley que planteaba un paquete fiscal para aumentar la recaudación se vio reducido en aspectos relevantes, como es el caso del impuesto a las ganancias y la reforma previsional.

En adelante, por las modificaciones realizadas en el Senado, el texto debe regresar a la Cámara de Diputados, donde pueden aprobar las modificaciones realizadas, lo cual se espera se realice en las próximas semanas.

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